Para que las autoridades responsables puedan decidir acerca de la aprobación, negación, así como realizar concesiones o autorizaciones de residencia y trabajo, es necesario que revisen diferentes documentos que deben ser consignados por los solicitantes.
De acuerdo a ello, se ha establecido que la mencionada documentación esté traducida al idioma castellano y, de ser necesario, a la lengua cooficial de la provincia española, en la que serán presentados. Esto se hará siguiendo la normativa vigente, con respecto a los asuntos de extranjería e inmigración.
Cómo se debe traducir un documento público extranjero
Este tipo de labor debe ser realizada por un traductor cualificado para ello. En general, es un profesional que se ha certificado con el título de traductor Jurado, y es quien tiene la capacidad para realizar las traducciones Juradas, lo que significa que han sido realizadas con veracidad.
Sin embargo, para que este tipo de traducciones sean aceptadas y puedan obtener su validación fuera del país de origen, es necesario que sea presentada para su evaluación en el organismo correspondiente. Por otra parte se debe considerar que los procesos de legalización de un documento pueden variar, de acuerdo a las exigencias de cada país.
Por otra parte, existen convenios entre algunos países que están orientados a simplificar los procedimientos, por lo cual es muy importante estar atentos a la normativa que cada uno de esos países podría tener con referencia a este tipo de tramitaciones.
¿Cuáles son los requisitos para que sean válidos los documentos traducidos?
De manera general, toda la documentación que se presente para algún tipo de trámite legal en España, debe estar debidamente legalizada, a menos que exista un convenio que permita la excepción, según se haya realizado un acuerdo o tratado entre países.
Legalizarlos exige diferentes condiciones a depender del país de origen, como por ejemplo, cuando este forme parte del convenio de La Haya el cual integra a muchas de las naciones, entonces cada documento tendrá que estar apostillado y, será suficiente con ello. En el caso de que el país que expide no pertenezca al convenio de La Haya, entonces la legalización se hará por vía diplomática.
Es importante hacer notar la necesidad de que toda documentación se encuentre legalizada; ya que, por medio de este proceso, se verifica la autenticidad de la misma y además, se otorga la validación exigida para que pueda ser presentada, evaluada y aprobada en otros países, permitiendo de esta forma que el solicitante pueda realizar labores de diferentes índoles, tanto profesionales como educativas y también actividades de interés social.
Cómo es la apostilla de La Haya y la legalización por vía diplomática
Existen algunos tratados entre países para que la tramitación de los documentos sea sencilla. Entre estos acuerdos se encuentra el de La Haya, el cual permite que el solicitante pueda legalizar los documentos desde el país de origen y luego presentarlos en su destino sin tener ningún tipo de inconveniente.
De acuerdo a este tipo de convenio entre países, lo único que se requiere para que un documento sea válido, es que posea el sello de La haya, colocado por la autoridad competente en el país que lo validó, siempre y cuando forme parte de los países integradores.
Por otra parte, en el caso de la legalización diplomática, lo importante es que la documentación se consigne en el Consulado o en la Embajada de España que se encuentre en el país de origen, además deberá contener la firma y la etiqueta de seguridad correspondiente, para que de esta manera sea presentado ante las autoridades competentes del país que los recibirá.
¿Cuáles son las exigencias a cumplir para traducir documentos?
La persona encargada de realizar este tipo de labor, debe estar debidamente certificada y en la capacidad de consignar su acreditación en el caso de que sea necesario. Además, para que una traducción sea válida, debe ser realizada por un intérprete Jurado que posea autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como requisito adicional, cuando sea una traducción a algún idioma cooficial de una Comunidad Autónoma específica, el intérprete debe ser igualmente autorizado por dicha comunidad.
En el caso de que se trate de Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares españolas ubicadas en otro país, la traducción debe llevar su lista de cotejo y firma respectiva, para que de esta manera pueda ser procesada por el Ministerio de asuntos Exteriores y de Cooperación, específicamente por la oficina de legalizaciones, para que obtenga la etiqueta que le corresponde y de esta manera, completar la legalización. Se debe proceder de esta misma forma cuando los extranjeros quieran legalizar documentos en la Misión Diplomática o Consulado de su país de origen con sede en España.
¿Cuál es la normativa vigente cuando se necesita traducir un documento?
En todo proceso legal, se hace necesario que exista una normativa que lo regule. Esto, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y resultado de los trámites que sea necesario realizar. En este sentido, el gobierno español estableció una serie de leyes entre las cuales se encuentra la Instrucción DGI/SGRJ/06/2008, la cual menciona el procedimiento sobre la consignación de los documentos públicos extranjeros, para que puedan ser tramitados por la oficina de extranjería e inmigración.
De la misma manera y con respecto al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Del Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 36, se mencionan las bases para que la traducción de documentos sea a la lengua castellana. Sin embargo, de ser requerido, debe traducirse a la lengua cooficial de la provincia donde se realizará la tramitación, o a ambas, en el caso de que se considere pertinente.
Por su parte el Convenio de la Haya, con fecha del 5 de octubre de 1961, explica los detalles sobre la eliminación del requisito de la legalización de documentos de extranjeros para los países que son miembros, siendo suficiente colocar la apostilla para que sean aceptados entre las naciones que pertenezcan a esta comunidad.
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